El SCI es un instrumento fundamental para el buen funcionamiento de las entidades públicas, ya que permite cuidar y resguardar los recursos y bienes del Estado, garantizar la confiabilidad y oportunidad de la información, fomentar la rendición de cuentas, optimizar las operaciones y la calidad de los servicios, cumplir la normatividad aplicable y fortalecer los valores institucionales.

La implementación del SCI es una responsabilidad compartida entre la Contraloría General de la República, como órgano rector y supervisor del Sistema Nacional de Control, y las entidades del Estado, como responsables de su implementación y funcionamiento. El SCI busca asegurar el buen desempeño de las entidades públicas y el uso adecuado de los recursos y bienes del Estado, así como prevenir y detectar los riesgos que puedan afectar el logro de los objetivos institucionales.

Para implementar el SCI, las entidades deben seguir la Directiva N° 006-2019-CG/INTEG, aprobada por la Resolución N° 146-2019-CG, que establece las disposiciones, los requisitos y los plazos para la implementación del SCI en las entidades del Estado. La directiva también define los roles y responsabilidades de la alta dirección, la Oficina de Control Interno (OCI) o el órgano que haga sus veces, y el personal de la entidad.

La directiva clasifica a las entidades del Estado según su nivel de gobierno y población, para determinar los plazos y los requisitos para la implementación del SCI. Así, se han definido tres grupos de entidades: el Grupo 1, que comprende a las entidades de nivel nacional y a las municipalidades de Lima y Callao; el Grupo 2, que abarca a las entidades de nivel regional y a las municipalidades provinciales y distritales de tipo A, B, D y E; y el Grupo 3, que incluye a las municipalidades distritales de tipo F y G.

Las entidades del Grupo 1 debieron implementar el SCI hasta el 31 de diciembre de 2020, las del Grupo 2 tienen como plazo máximo el 31 de diciembre de 2021 y las del Grupo 3 el 31 de diciembre de 2022. Sin embargo, la Contraloría ha emitido el Comunicado N° 001-2024-CG/PREVI, que amplía los plazos para la presentación de los entregables que evidencian la implementación del SCI, en los siguientes términos:

  • Hasta el día doce del mes de febrero de 2024 (12/02/2024), con información generada hasta el último día hábil del mes de diciembre de 2023: Reporte de Seguimiento del Plan de Acción Anual.
  • Hasta el día veintisiete del mes de marzo de 2024 (27/02/2024): Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Remediación, periodo 2024 y Plan de Acción Anual Sección Medidas de Control, periodo 2024.
  • Hasta el último día hábil del mes de julio de 2024 (31/07/2024), con información generada hasta el último día hábil del mes de junio de 2024: Primer Reporte de Seguimiento del Plan de Acción Anual, periodo 2024 y Reporte de Evaluación Semestral de la Implementación del SCI, periodo 2024.
  • Hasta el último día hábil del mes de enero de 2025 (31/01/2025), con información generada hasta el último día hábil del mes de diciembre de 2024: Segundo Reporte de Seguimiento del Plan de Acción Anual, periodo 2024 y Reporte de Evaluación Anual de la Implementación del SCI, periodo 2024.

Los entregables deben ser presentados a la Contraloría a través del aplicativo informático del SCI, que se encuentra disponible en la página web de la Contraloría. La Contraloría también brinda orientación, asistencia técnica y capacitación a las entidades para facilitar la implementación del SCI, a través de sus sectoristas asignados, que pueden ser ubicados en el Directorio de Sectoristas.

La implementación del SCI es una oportunidad para mejorar la gestión pública y fortalecer la confianza de la ciudadanía en las entidades del Estado. El SCI contribuye a optimizar las operaciones y la calidad de los servicios, a garantizar la confiabilidad y oportunidad de la información, a fomentar la rendición de cuentas, a cumplir la normatividad aplicable y a fortalecer los valores institucionales. El SCI también promueve una cultura de control, basada en el autocontrol, el control mutuo y el control jerárquico, que implica el cumplimiento de los principios, valores y normas de la entidad.

En conclusión, el SCI es un sistema dinámico, integrado y permanente, que busca asegurar el buen desempeño de las entidades públicas y el uso adecuado de los recursos y bienes del Estado. El SCI es una responsabilidad compartida entre la Contraloría, como órgano rector y supervisor, y las entidades, como responsables de su implementación y funcionamiento. El SCI es, en definitiva, una herramienta para mejorar la calidad de la gestión pública y el servicio a la ciudadanía.

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