Luego de un prolongado debate sobre la necesidad de modernizar el marco normativo que regía las adquisiciones estatales, el 24 de junio de 2024 se publicó en el diario oficial El Peruano la Nueva Ley de Contrataciones Públicas, Ley N.º 32069. Esta norma reemplaza a la ya parchada Ley N.º 30225 y marca un intento firme por reordenar, actualizar y hacer más eficiente el régimen de compras públicas en el Perú.
Aunque su implementación plena dependerá de la publicación de su reglamento y la entrada en vigencia dentro de los próximos meses (aproximadamente 270 días desde su reglamentación), ya se han identificado los principales cambios que esta norma introduce en el sistema de contrataciones del Estado.
Nuevos principios: innovación y valor por dinero
La Nueva Ley de Contrataciones Públicas incorpora cinco principios adicionales al régimen anterior, algunos de ellos tomados de la Ley N.º 27444, como el principio de legalidad y presunción de veracidad. No obstante, destacan dos principios nuevos con un alto impacto operativo:
- Principio de innovación: busca permitir que las entidades se adapten tecnológicamente a las nuevas ofertas del mercado, promoviendo incluso la financiación de desarrollos innovadores cuando no exista una solución preexistente para una necesidad pública.
- Principio de valor por dinero: obliga a evaluar no solo el precio, sino también la calidad, el ciclo de vida y la eficiencia del bien, servicio u obra. Su inclusión formal como principio promueve contrataciones más estratégicas, alineadas al valor público.
De OSCE a OECE: una transformación institucional
Con la vigencia de esta ley, el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) se convierte en el Organismo Especializado en Contrataciones Públicas Eficientes (OECE). Más allá del cambio de nombre, la ley establece nuevas responsabilidades, entre ellas:
- Supervisión más proactiva y técnica de los procesos de contratación.
- Acompañamiento normativo a entidades contratantes.
- Administración del nuevo ecosistema digital de compras públicas.
PLADICOP: la nueva plataforma centralizada
La ley crea la Plataforma Digital para Contrataciones Públicas (PLADICOP), que reemplazará al SEACE y agrupará funciones clave, incluyendo el Registro Nacional de Proveedores (RNP) y la gestión de contratos menores. Esta plataforma busca modernizar la trazabilidad, notificación y almacenamiento documental de todos los procesos, bajo un enfoque digital e integrado.
Profesionalización del arbitraje: nace el REGAJU
Ante el crecimiento exponencial de arbitrajes en contrataciones públicas, la ley crea el Registro de Instituciones Arbitrales y Juntas de Prevención y Resolución de Disputas (REGAJU). Solo las instituciones inscritas en este registro podrán administrar controversias contractuales, con lo cual se busca elevar los estándares de calidad, imparcialidad y especialización en la resolución de disputas.
Regulación de contratos menores y estandarizados
Por primera vez, la ley regula formalmente dos tipos de contratación ampliamente utilizados:
- Contratos menores a 8 UIT: ahora serán parte del régimen de la ley y estarán bajo supervisión del OECE, con procedimientos diferenciados.
- Contratos estandarizados de uso internacional: como los utilizados en obras grandes (ej. Juegos Panamericanos, Carretera Central), también quedan normados, promoviendo eficiencia y calidad en megaproyectos.
Retos de implementación: capacitación y coherencia institucional
Aunque la norma mantiene estructuras procesales similares a su predecesora, exige mayores niveles de capacitación para su adecuada aplicación. El desafío es doble: por un lado, lograr que los operadores públicos comprendan e implementen los nuevos principios y plataformas; por otro, evitar que la profesionalización se convierta en una barrera de entrada que limite la participación de nuevos proveedores.
¿General o específica?: el debate sobre su alcance
El cambio de denominación a «Ley General de Contrataciones Públicas» busca reflejar una ampliación conceptual. Sin embargo, la ley aún no integra regímenes como las APP o las Obras por Impuestos, que siguen fuera del marco legal. Esta aparente contradicción sugiere una intención futura de convergencia normativa, aunque por ahora permanece solo como una proyección.
Conclusión
La Ley N.º 32069 – Nueva Ley de Contrataciones Públicas constituye un avance significativo en la modernización del sistema de adquisiciones estatales. Al incorporar principios como la innovación y el valor por dinero, reformar la institucionalidad y proponer plataformas digitales integradas, apunta a un modelo más eficiente, estratégico y profesionalizado. Sin embargo, su éxito dependerá de una implementación técnica rigurosa, acompañada de formación continua y compromiso institucional.
¿Quieres preparar a tu entidad para los nuevos desafíos de la Ley N.º 32069?
En Pública®, acompañamos a las instituciones del Estado en la correcta implementación de la Nueva Ley de Contrataciones Públicas, con programas de asesoría técnica, capacitación especializada y soporte normativo.
