El 23 de abril de 2025 entrará en vigor la nueva Ley General de Contrataciones Públicas – Ley 32069 y su reglamento (DS 009-2025-EF). Esta normativa trae consigo importantes modificaciones que afectarán tanto al sector público como al privado. En este artículo, exploraremos los principales cambios, los desafíos que implica su implementación y las oportunidades estratégicas que ofrece para mejorar la gestión de las contrataciones en el país.

Principales Desafíos de la Nueva Ley de Contrataciones Públicas 2025

  • Sobrerregulación: Más No Siempre es Mejor
    Con 157 artículos adicionales y 26 disposiciones complementarias en comparación con la normativa anterior, la nueva ley apuesta por una regulación más extensa. Sin embargo, esta complejidad puede generar más errores, incertidumbre y ralentizar la toma de decisiones, afectando la eficiencia en la gestión pública.
  • Cambios de Nombres, ¿Cambios Reales?
    Ahora pasamos de OSCE a OECE, de OEC a DEC, y de RENACE a REGAJU. ¿Pero estos cambios son solo cosméticos o traerán mejoras reales? Renombrar instituciones sin transformar sus procesos y objetivos puede ser solo un maquillaje sin impacto profundo.
  • ¿Demasiados Enfoques? La nueva norma establece cinco enfoques: integridad, gestión por resultados, gestión de riesgos, gobernanza y profesionalización. Aunque suena ambicioso, la falta de una prioridad clara podría dispersar los esfuerzos en lugar de consolidar resultados tangibles.
  • Inseguridad Jurídica y el Reto del Aprendizaje
    Como toda norma nueva, la implementación traerá un período de adaptación. La falta de experiencia inicial puede generar incertidumbre y paralizar procesos. La capacitación proactiva será fundamental para superar rápidamente esta curva de aprendizaje.

Oportunidades Estratégicas para el Sector Público y Privado

  • Enfoque en el Cumplimiento de Fines Públicos
    A pesar de sus deficiencias técnicas, la nueva normativa busca asegurar que las contrataciones públicas cumplan con su propósito esencial: mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Esto implica un cambio de mentalidad hacia una gestión más centrada en resultados.
  • Estrategias de Contratación Más Eficientes
    La obligación de diseñar estrategias de contratación podría convertirse en una ventaja si se implementa correctamente, fomentando la eficiencia, la transparencia y la reducción de riesgos.
  • Negociación y Diálogo Competitivo
    La inclusión de mecanismos para ajustar ofertas y fomentar el diálogo competitivo abre la puerta a contrataciones más flexibles y adaptadas a las necesidades reales del país.
  • Contratos Internacionales Estandarizados
    El uso de contratos como NEC y FIDIC permitirá alinear la gestión de obras públicas con estándares internacionales, potenciando la calidad y la transparencia en proyectos de gran envergadura.
  • Gestión de Proyectos con Metodologías Modernas (BIM y ASISTE)
    Aunque su implementación aún enfrenta desafíos, la incorporación de metodologías como BIM y la asistencia técnica especializada promete mejorar la planificación y ejecución de proyectos de infraestructura.
  • Compras Públicas de Innovación
    La nueva normativa promueve la adquisición de tecnologías innovadoras, abriendo oportunidades para el sector privado en áreas clave como inteligencia artificial, biotecnología y tecnologías sanitarias.

Recomendaciones finales

  • Para el Sector Público y Privado:
    Inicien programas de capacitación práctica para adaptarse rápidamente a la nueva normativa. No basta con teoría; se necesitan talleres que simulen casos reales.
  • Para el DGA-MEF y la OECE:
    Establezcan un plan de revisión continua de la normativa, incorporando feedback de los actores que la aplican en el día a día. La flexibilidad para ajustar la ley será clave.
  • Para Órganos de Control y Medios de Comunicación:
    Promuevan un control preventivo e inteligente, enfocado en el acompañamiento estratégico más que en la fiscalización punitiva.

La nueva Ley de Contrataciones Públicas 2025 representa tanto un desafío como una oportunidad. Su éxito dependerá no solo de su contenido, sino de cómo se implemente en la práctica. La formación continua, la adaptación organizativa y una mentalidad de mejora constante serán esenciales para que esta reforma cumpla con su objetivo: transformar la gestión pública para el beneficio de todos los peruanos. Haz clic aquí para contactar con un asesor.